Por: Guillermo Bermejo Rojas.
Sin duda lo sucedido en la Curva del Diablo es el episodio más doloroso que el Perú ha vivido durante el nefasto gobierno aprista. Un levantamiento que exigía que el Congreso de la República trabaje y legisle a favor de las comunidades originarias y el bienestar de las mayorías, que exigía que el Ejecutivo renuncie a su terca disposición de ser vocero y promotor de las trasnacionales y el imperialismo, pero sobre todo una protesta que fue ganando las simpatías nacionales e internacionales con cada pedazo de carretera o puerto que iban tomando nuestros hermanos de la selva.
Tomas de carreteras, además, que hasta los transportistas entendían: aceptaron los horarios de pase que los manifestantes pusieron, y hasta se vio la solidaridad de los citadinos mestizos que preferían el desabastecimiento , o pagar más por los productos que no llegaban a tiempo , como también llevar víveres a los levantados para sus ollas comunes .
Sonó la palabra insurgencia por todos lados. Más y más comunidades se fueron sumando, entendiendo que estas leyes que pretendían a favor de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU eran claramente para dejar la selva amazónica en manos de los que están destruyendo el planeta, y al ser humano por consecuencia.
Luego pasó lo que todos vimos. El Congreso renunció al debate y solución de este conflicto y el Ejecutivo le dio la salida que le corresponde como administrador de los intereses de la oligarquía y su amo, el imperialismo: la salida de la violencia. Comenzamos a contar muertos, heridos, desaparecidos, golpeados, cantidades industriales de gas lacrimógeno sobre los pueblos, mujeres y niños aterrorizados, periodistas maltratados y amenazados por los policías.
Ofende tanto haber escuchado el lado racista de este conflicto. Ciudadanos de segunda categoría fue lo más lastimoso que puede escuchar justamente la población que siente que desde algunos lugares de Lima se decide como rematar el resto del país para beneficio de extranjeros y unos cuantos mafiosos locales. Salvajes o terroristas fue lo más común leer en los diarios comprados por el gobierno, coincidiendo con lo que los gringos enseñan sobre nuestros pueblos originarios para crear una opinión pública que crea en la necesidad de que la amazonía se internacionalice para su debida explotación y cuidado, que no es otra cosa que el robo de la reserva natural más rica sobre la faz de la tierra.
Hoy, un año después, hemos leído el informe que el gobierno a través de una supuesta comisión de la verdad ha concluido: el Estado no tiene la culpa, ni un Ministro siquiera, tampoco la Policía , que más bien fue premiada por su bestialidad. Aquí la culpa según García y sus acólitos es de los curas rojos, ongs, agitadores profesionales, congresistas convenidos, radios irresponsables, de las comunidades nativas ignorantes que no entendieron las leyes; y tenía que ser también culpable la angurria electoral de algunos líderes, entre otras estupideces que sin sentido ni vergüenza pronuncia quien no debe quedarse un minuto más en el gobierno.
El gobierno luego de la matanza inició la cacería de los dirigentes, decretó estado de emergencia y suspensión de los derechos ciudadanos de quienes en los hechos los tienen muy reducidos, prosiguió con su lógica de dividir a las comunidades y cerro la radio la Voz de Bagua. Recién ahí se propuso iniciar una interminable mesa de diálogo, que mas bien fue una mecedora.
Y es aquí donde quiero poner la nota de amargura si se quiere. Desde el campo popular se cometió el error de mitificar la lucha indígena. Cada cosa que propusieran los dirigentes de los hermanos de la selva era correcta, y decir lo contrario era ser un occidental y no entender a las comunidades. Se aceptó como verdad que los hermanos están exentos de aceptar los medios capitalistas de producción y se quiso uniformizar a todas las comunidades con el concepto de que ninguna comunidad originaria aceptaba la venta de territorios o la entrada de empresas para la exploración y explotación de los recursos. O que también los hermanos de la selva son ancestralmente invencibles en su territorio. O que casi todas las comunidades vivían como no contactados .Y eso, en casi todos los argumentos, es falso.
En la selva, empresas de extracción maderera han venido deforestando inmensos territorios con la complicidad de los dirigentes nativos en nombre de sus comunidades, a cambio de algunas concesiones económicas o materiales. Igual sucede con empresas de exploración y explotación de otros recursos naturales. Así que eso de que todos los nativos son buenos por ser nativos sería aceptar, por ejemplo, la mirada fascista de algunos pueblos anglosajones. Eso es cerrar los ojos frente a la realidad; aún persiste gran división dentro de las diferentes etnias de la selva. Y partiendo de esta premisa es que se debe hacer un trabajo sobre los reales alcances de los intereses de gobiernos entregados al gran capital.
Como ejemplo más claro tenemos que distintas organizaciones han aparecido a nombre de los nativos autorizando y desautorizando a otras, para al final sentarse todas junto al Gobierno en la ya mencionada mesa de diálogo. Como ejemplo accesorio tenemos que algunas comunidades aceptaron hacer un documental con el impresentable vendedor de humo, Hernando de Soto, donde les vende la ilusión de que rematar sus tierras los va a hacer millonarios.
Un año después de lo sucedido en Bagua, se ha presentado el proyecto de Ley sobre Consulta Previa, que es una adecuación al Convenio 169 de la OIT , y más de un dirigente popular y nativo se ha apresurado en reclamarlo como un logro. Pero, ¿qué dice realmente el Convenio 169 en cuanto a la propiedad de tierras de las comunidades de las poblaciones originarias?; ¿qué dice el mentado proyecto de ley de Consulta Previa?; y, ¿qué plantea además el poco mencionado proyecto de ley sobre desplazamientos internos, conocido también como ley de desalojo?
El convenio 169 de la OIT indica, en su capítulo sobre tierras, en el art. 14, punto 2, que es el gobierno quien deberá determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente. En el art. 15, punto 2, indica que de pertenecer al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo o tengan derechos a otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si serán perjudicados sus intereses, y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación o prospección de los recursos de sus tierras. Dice además que los pueblos deberán participar, siempre que sea posible, de los beneficios y ser indemnizados por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Hasta aquí, según el convenio 169 de la OIT , es el Gobierno el que decide cuál es la extensión de los territorios indígenas, es él quien es dueño de los recursos del subsuelo y de muchos de los recursos que están en el suelo; es también el que decide cuánto daño hay si lo hubiere, ver si es posible repararlos o indemnizarlos, y si es posible hacerlos partícipes de de los beneficios si éstos realmente son tales.
Me preocupa que se diga que este Convenio garantiza que las comunidades no serán trasladadas, pues en su artículo 16, punto 2, dice textualmente: “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos sean necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento (…) Cuando este consentimiento no pueda obtenerse, el traslado y la reubicación tendrá lugar según los procedimientos adecuados por la legislación nacional , incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados puedan estar efectivamente representados”.
Más adelante, en el punto 3 del mismo artículo, dice: “Siempre que sea posible, estos pueblos deben tener derecho a regresar a sus tierras tradicionales, en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”. Pero hay más; en el punto 4 dice, abreviando, que si son trasladados se les debe dar terrenos iguales a los que tenían con el mismo estatus legal, o si se les se les indemniza con dinero que sea con las garantías del caso.
A ver. Según el Convenio 169 de la OIT , sí se les puede sacar de sus territorios con o sin su autorización, siempre que esté bajo los marcos jurídicos del Estado. Y es por eso que el Ejecutivo ha presentado, como curándose en salud y poniendo el parche, el proyecto de ley sobre desplazamientos internos, que en su artículo 8 pretende que: si el desplazamiento se produjese a causa de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del MIMDES. Y más adelante dice, que en el caso de comunidades nativas y campesinas se cumplirá lo estipulado en las normas internacionales.
Se entiende entonces, que SI serán desalojados de sus tierras si las grandes inversiones lo justifican. Y la garantía legal esta en el propio convenio 169 y en las leyes locales; más aún cuando es de público conocimiento que el subsuelo es lo que están buscando para explotar, como también el agua dulce que la legislación peruana indica es patrimonio del estado. Y es un grave problema porque es muy probable que indemnicen a las comunidades al precio de lo que le están vendiendo las tierras a los chilenos en Ucayali, o a las trasnacionales en el resto de la selva, o sea a precio de abuso.
Finalmente, vayamos a lo que estipula la recientemente aprobada Ley sobre Consulta Previa, aún pendiente de promulgación por el Ejecutivo.
La Ley indica en su artículo 6, que la forma de participación de los pueblos originarios en el proceso de consulta se da a través de sus organizaciones representativas. En el artículo 7, se establecen los criterios de identificación de los pueblos originarios e indígenas de la siguiente forma: descendencia directa de las poblaciones originarias, estilo de vida tradicional, instituciones sociales, costumbres propias y patrones culturales. Además, se incluye en este artículo como pueblos originarios a las comunidades indígenas y campesinas de la sierra para efectos de consulta, en los mismos términos que a los de la selva. Sobre los pasos previos, es el Estado quien garantiza el diálogo entre las instituciones representativas, a las cuales se encarga de reconocer.
Es el Estado, según el artículo 9 de la referida ley, quien define qué ley o propuesta administrativa tiene relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y decidir si se les debe consultar o no.
El mismo artículo dice que las organizaciones indígenas pueden solicitar la consulta, más sigue siendo el Estado quien decide si merece o no la realización de la consulta previa. Y si en caso lo desestimara, se debe pedir a otra entidad del Estado para que lo vuelva a evaluar. Agotada esa vía, recién podrán ir a los órganos jurisdiccionales competentes.
Aquí ya hay truco de por medio. El Estado escoge qué es representativo y que no. Decide qué poblaciones serán afectadas y en qué medida, pudiendo enfrentar a comunidades históricamente divididas. Entonces, pueden llenar de bases amarillas o comprar dirigencias para que acepten las intenciones privatistas de la selva. Y, finalmente, el Estado es el único que puede llamar a consulta, los pueblos indígenas deberán esperar la paciencia de la burocracia pro trasnacional del Estado; e iniciativas como las de Tambogrande, por ejemplo, no serán validas.
Pero además, la información y publicidad de las normas que puedan afectar a los pueblos originarios son de exclusividad estatal. Si tomamos como ejemplo la publicidad que el gobierno le hace a las empresas de extracción minera (que contaminan, no pagan impuestos y maltratan al trabajador) y a los tratados de libre comercio (que son de saqueo y colonización), ya me puedo imaginar la de comerciales mentirosos y periodismo amañado con la que serán bombardeadas todas las poblaciones en conflicto.
La consulta será de acuerdo a lo que decidan las entidades estatales. Indica todo hasta aquí que no serán consultadas si quieren o no, si aceptan o no, si les interesa o no las mal llamadas inversiones que los desalojaran de sus tierras. Serán consultadas en cuanto al alcance, beneficio o perjuicio que las mismas autoridades arrodilladas y aceitadas a las trasnacionales presentaran. Y según eso, los acuerdos serán obligatorios para ambas partes.
Por último, quiero señalar que las consultas serán a partir de la promulgación de la referida Ley de Consulta. Hacia atrás no sirve, no hay retroactividad. Y ya tenemos más del 70% de la selva lotizada y concesionada, y más de 20 millones de hectáreas de la sierra en igual situación. No creo que haya nada de que alegrarse.
Ya me parecía raro que ni la Sociedad de Industrias, ni la Cámara de Comercio, ni el periodismo de derecha se haya pronunciado en contra de este ley de consulta.
Un año después, sigue siendo la criminalización de la protesta la salida a un gobierno sordo ante los reclamos expresados en más de 250 conflictos sociales. Tenemos por todo el país heridos y muertos del campo popular, sin ningún culpable. Miles de procesados y cientos de presos por defender lo que es de todos, y que un puñado de mafiosos creen que es de ellos. Así que, sin duda, debemos acelerar la salida del gobierno, del modelo capitalista de destrucción y del imperialismo asesino para instalar un gobierno socialista que salve a nuestras comunidades, nuestros recursos naturales, y con ellos, a nosotros mismos. Todas las herramientas para lograrlo y todos los caminos que nos lleven hacia ello debemos emplear con urgencia.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ¡
ALBERTO FLORES GALINDO 
