Carlos Angulo Rivas* El cinco de junio se cumple un año del etnocidio cometido por Alan García Pérez en Bagua, región amazónica peruana, donde oficialmente murieron 24 policías y diez nativos, sin tener en consideración un indeterminado número de desaparecidos y a más de 180 heridos de bala. A la fecha el gobierno se niega a la procedencia de una investigación internacional imparcial que correspondería a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de Derechos Humanos. La necesidad de una investigación veraz, imparcial y documentada, que incluya un censo poblacional a fin de conocer la magnitud de esta masacre dispuesta por el mandatario peruano, limpieza étnica inaceptable en una nación civilizada, no puede dejarse de lado. Existen sospechas de la manipulación informativa a fin de encubrir este crimen de lesa humanidad, pues el número de víctimas, para asombro del mundo, llegará a ser alarmante en tanto se descubra el asesinato masivo en su verdadera dimensión.
La desproporción de la capacidad de fuego utilizada, muestra la ceguera criminal de un presidente con probados antecedentes de genocida, por consiguiente, ubica el juzgamiento de este inaudito atropello en las instancias internacionales. La desaparición de cadáveres agrega, al crimen cometido, la cobardía de un sujeto escudado en la vestidura de presidente de la república, tal como se observa, muy distante de los principios sociales, cristianos y humanos. Y peor se expone la figura del crimen gubernamental cometido, cuando se manipula el sacrificio de los policías enviados a la zona en litigio, no para resguardar el orden público sino para eliminar nativos, por mandato superior y obediencia debida.
Como se conoce, los nativos amazónicos defendían sus tierras ancestrales frente al atropello de usurparlas a través de una legislación ilegal potenciada directamente por una mafia gubernamental ferozmente enriquecida y corrupta, encabezada por Alan García. Luego de la masacre y ante la resistencia de los pobladores fueron derogados los decretos legislativos 1090 y 1064 y el gabinete ministerial de Yehude Simon se vio obligado a renunciar, pero siete decretos considerados antiamazónicos están aún vigentes y las organizaciones indígenas exigen su anulación, así como la promulgaciónde la ley de consulta previa aprobada en el Congreso recientemente, que viene siendo encarpetada por García Pérez. Esta ley es calificada como un avance, ya que después de varios años se vinculan los proyectos de inversión a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT de las Naciones Unidas, que da seguridad y estabilidad jurídica a los pueblos indígenas. Los organizadores de los actos recordatorios del primer aniversario del etnocidio en la selva peruana han calculado que más de quince mil indígenas y pobladores, de las distintas etnias amazónicas, participaron en las ciudades principales, inclusive en Lima, habiéndose denominado esta fecha como “Día de la Resistencia Indígena.”
El regreso del líder nativo Alberto Pizango, presidente de AIDESEP y principal negociador con el gobierno hasta antes de la masacre, quien debido a la persecución política estuvo exiliado en Nicaragua por casi un año, realzó la convocatoria de la masiva protesta, el cinco de junio, contra el régimen opresor y criminal de García Pérez.
Protegido y engreído por Estados Unidos, Alan García Pérez es un individuo que se enriquece a manos llenas y asesina a humildes pobladores; se siente seguro amparado en la impunidad lograda para los crímenes cometidos por él durante en su primer mandato presidencial 1985-1990. Es un individuo que en una disputa electoral plagada de irregularidades y fraude denunciado por la líder de Unidad Nacional, Lourdes Flores,fue reelegido presidente del Perú para el período 2006-2011. En esta parte de la historia fue apoyado por su otrora enemigo Mario Vargas Llosa; y la propaganda de los medios de comunicación empresarial argumentó que el líder del partido aprista había madurado y no cometería ni las fechorías ni los crímenes de cuando joven. Y es cierto, ha madurado, pero los hechos vividos en este segundo mandato demuestran que, evidentemente, es más perverso, cínico, avezado ladrón y criminal. En esa contienda electoral del 2006, apoyado y asesorado por la embajada de Estados Unidos en Lima, García Pérez prometió un “cambio responsable” para contrarrestar el empuje por el cambio real que el país necesitaba y la mayoría nacional deseaba. Este cambio del sistema económico neoliberal, exigido a la salida de Alejandro Toledo, catapultó a Ollanta Humala, ex comandante del ejército, quien ganó ampliamente la primera ronda electoral en abril del 2006. Pues bien, ni una sola de las promesas del programa de García se ha cumplido.
Los acontecimientos conocidos en este segundo gobierno de Alan García Pérez han demostrado no sólo su incompetencia sino las mismas infracciones del pasado, en cuanto a corrupción, latrocinios y asesinatos. A este artero gobernante nunca le ha importado si mueren pobladores, policías, trabajadores, campesinos o prisioneros en las cárceles; por ello el año pasado, en más de sesenta días conversando con Pizango, para un supuesto arreglo pacífico, agotó la huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, para luego acribillar desde helicópteros y con una arremetida armada por tierra a los nativos y pobladores apostados en el lugar de la carretera de entrada a Bagua, llamada “la curva del diablo.” A tiempo de masacrar a los pobladores no le importó la protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha de los pueblos amazónicos, a lo largo y ancho del país; tampoco la solicitud internacional exhortándolo a la comprensión y la paz; suficientes peticiones para hacer reflexionar a cualquier gobernante, excepto, a un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie. La maniobra del gobierno aprista fue retardar el asunto de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no tienen en consideración el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de los pueblos originarios; ese fue el escenario dilatorio indispensable para preparar y ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.
Como para hacer memoria, ingresando a su último año en el poder, este cinco de junio, se recuerda el primer aniversario del etnocidio de Bagua, masacre a los pueblos amazónicos, hecho de sangre que casi causa la vacancia presidencial y a cambio de ello, en el salvamento, se sacrificó el gabinete ministerial de Yehude Simon. Una derrota del gobierno, porque ni siquiera con la militarización de los territorios indígenas pudo imponer, a sangre y fuego, la usurpación de tierras y recursos naturales. Además, se comprobó en esta oportunidad la sed de sangre de Alan García, pues venía de autorizar a las fuerzas represivas, mediante una legislación especial, a disparar de forma indiscriminada e impune contra las movilizaciones populares. Se comprobó, pues, que los métodos criminales no habían cambiado y la historia orientada por este sujeto era una repetición de las matanzas ordenadas desde palacio de gobierno como las habidas en los penales de Lima, El Frontón, Lurigancho, Santa Bárbara; en Los Molinos (Junínín) y en las de las comunidades andinas. Todas ellas matanzas extrajudiciales de su primer gobierno, que hoy se acumulan en su segundo período, a fin sean juzgadas por las mismas razones y responsabilidades imputadas al ciudadano japonés Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel.
*Poeta y escritor peruano
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